El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha animado hoy a profesionales, entidades ciudadanas y colectivos de pacientes a la participación en la redacción de la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. “Estamos convencidos de que la sostenibilidad sólo es posible con la implicación de todos, en un auténtico contrato social mediante el que los agentes participantes del sistema de salud contribuyan a la consolidación y fortalecimiento del sistema, que es conquista de todos”, ha aseverado en un encuentro de más de cien personas y en el que ha estado acompañado de la delegada del Gobierno en Almería, Sonia Ferrer, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Gracia Fernández.
La Consejería de Salud organizará estos encuentros en todas las provincias andaluzas, con el objetivo de fomentar la participación en esta normativa, pionera a nivel nacional. Hasta el 15 de octubre se encuentra abierta la fase de información pública, consultas, dictámenes y alegaciones al Anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de junio.
El texto esta disponible en la Consejería de Salud y en su portal web, así como en las delegaciones territoriales. Asimismo, puede consultarse en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía en la dirección electrónica (http://juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/65195.html).
De este modo, todos los organismos, entidades, colectivos y ciudadanía en general pueden formular las alegaciones que estimen pertinentes al texto, bien por escrito a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud, ante registros públicos, preferentemente en el de la propia Consejería, o por vía web, en el apartado habilitado para ello dentro de la sección destinada para el Anteproyecto (http://www.junta-andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_12_anteproyecto_ley_garantias_sostenibilidad/anteproyecto_ley_garantias_sostenibilidad).
Blindar la sanidad pública
La futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público tiene como objetivo blindar la sanidad pública, garantizando y reforzando los derechos constitucionales y estatuarios en esta materia para cualquier persona, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad.
“La sanidad pública es sostenible y eficiente económica y socialmente hablando, por lo que es nuestra obligación, como administración pública, garantizar que así sea, frente a medidas que quiebran los valores y principios de nuestro sistema sanitario público, como son la universalidad, la solidaridad social y la igualdad efectiva en el acceso a las prestaciones sanitarias”, ha afirmado Alonso Miranda.
Entre otras novedades, el anteproyecto determina expresamente que en ningún caso se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas. Asimismo, faculta a la Junta para arbitrar las medidas necesarias orientadas a minimizar el impacto en la ciudadanía de este tipo de medidas, en caso de que la normativa básica estatal las prevea en las prestaciones incluidas en la cartera común.
La futura ley dará así rango legal a iniciativas que la Junta ya viene desarrollando frente a los copagos impuestos por el Gobierno central, como la que ha evitado, a través de la receta electrónica, que los pensionistas andaluces hayan tenido que adelantar cerca de 100 millones de euros por la aplicación del copago en farmacia impuesto por el Real Decreto Ley 16/2012.
La futura ley dará así rango legal a iniciativas que la Junta ya viene desarrollando frente a los copagos impuestos por el Gobierno central, como la que ha evitado, a través de la receta electrónica, que los pensionistas andaluces hayan tenido que adelantar cerca de 100 millones de euros por la aplicación del copago en farmacia impuesto por el Real Decreto Ley 16/2012.
El anteproyecto recoge las medidas para garantizar la perdurabilidad del sistema sanitario público, sus principios, los derechos de la ciudadanía, el acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia. Junto a la obligatoriedad de consolidar el mantenimiento y funcionamiento de los servicios, así como la naturaleza pública y universal de la prestación asistencial, se refuerzan los nuevos derechos que ya tiene reconocidos la población andaluza en el ámbito de la salud, como los del acceso a todas las prestaciones y al historial médico, la segunda opinión médica, la libre elección de médico, los cuidados paliativos, el consejo genético y la medicina predictiva.
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