Andalucía ha incorporado durante este año 2014 a un total de 11.356 nuevas personas beneficiarias al sistema de atención a la dependencia, que disfrutan de 15.315 prestaciones. Así lo ha señalado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante su intervención en comisión parlamentaria en la que ha destacado el esfuerzo que han realizado los profesionales con más de 60.200 nuevas valoraciones hasta el 30 de octubre.
A esta fecha, según los datos publicados por el Imserso, las 159.284 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia en Andalucía representan el 22% del total nacional, estando cuatro puntos porcentuales por encima de su peso poblacional que es del 18%. Asimismo, Sánchez Rubio ha destacado la “apuesta por los servicios de proximidad” con la incorporación de casi 30.000 nuevas personas al Servicio Andaluz de Teleasistencia.
Durante su comparecencia parlamentaria, Sánchez Rubio ha detallado las últimas medidas de eficiencia adoptadas por su departamento, para “reactivar el sector de la dependencia y así paliar el impacto que están teniendo las políticas de recorte del Gobierno de España”. “Esta reactivación del sector, además de beneficiar a los usuarios y usuarias, tiene un impacto positivo en la economía andaluza, con una mayor generación de empleo y mayor retorno social y económico de la inversión productiva realizada”, ha destacado la consejera.
La máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha hecho balance de la nueva orden por la que se regula la concertación y reserva de plazas en los centros de personas mayores y personas con discapacidad, y que ha supuesto “una utilización eficiente de los recursos públicos disponibles, sin rebajar en ningún caso la calidad de los mismos y garantizando su sostenibilidad”.
Esta nueva norma ha incrementado, por ejemplo, hasta el 87,85% el nivel de ocupación del total de plazas concertadas en centros de atención residencial, y se ha establecido un procedimiento de abono más ágil y efectivo, generando más liquidez a las entidades del sector. Según la consejera, el objetivo de esta nueva orden “es ocupar cuantas más plazas sea posible para que, con el mismo presupuesto, más personas puedan disfrutar del recurso”.
Además, esta norma permite que los centros residenciales puedan disponer de las plazas en reserva que no han sido ocupadas para ofrecerlas a las personas usuarias que las necesiten al margen del concierto, no superando, eso sí, el 15% de las plazas y con el compromiso de que estén a disposición de la Administración si son necesarias.
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