La portavoz de Salud del PP en el Parlamento de Andalucía, Ana Corredera, ha advertido de que el Gobierno andaluz deja a las farmacias rurales de municipios de menos de 1.000 habitantes al borde de la desaparición, después de que PSOE e IU rechazasen una iniciativa que pretendía apuntalar la supervivencia de este tipo de servicios.
En este sentido, Corredera ha explicado que la bajada de ingresos que se ha producido en general en todas las oficinas de farmacia se ha sentido de forma más acuciante en aquellas que operan en el mundo rural, “lo que les augura poca estabilidad”. En el caso de la provincia de Málaga hay hasta 18 farmacias rurales en municipios de menos de 1.000 habitantes que se enfrentan a “un futuro bastante incierto”, ha apuntado la diputada autonómica.
“Algo hay que hacer si queremos garantizar el nivel de asistencia farmacéutica que se presta a los andaluces que residen en núcleos rurales con poca población”, ha apuntado la dirigente popular, que ha recordado que el Gobierno central ha desarrollado un marco normativo para que las comunidades autónomas establezcan los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano, que establece unos índices correctores para beneficiar a aquellas farmacias con una viabilidad económica comprometida.
De hecho, en algunas comunidades autónomas como Castilla La Mancha ya se ha desarrollado dicha Ley, mientras que en otras como Extremadura se ha llegado a un acuerdo con el sector que ha permitido su puesta en marcha, “no así en Andalucía, con el consiguiente perjuicio para las farmacias rurales de nuestra región y de nuestra provincia”, ha añadido la parlamentaria.
Corredera ha detallado que los ingresos de una farmacia rural proceden en casi un 95 por ciento de la venta de medicamentos por recetas, y apenas sí hay negocio pro productos de venta libre, “por lo cual los problemas económicos se agudizan”.
“Fue este panorama el que ha hecho que el Grupo Popular haya presentado un Proposición No de Ley para intentar corregir la incertidumbre a la que se enfrentan las farmacias rurales en Andalucía”, ha explicado la diputada autonómica, que ha señalado que la iniciativa solicitaba regular y desarrollar las medidas contempladas por el Gobierno para incrementar el margen de beneficio en proporción a la facturación de la farmacia; así como establecer un fondo de compensación con recursos propios destinado a ayudar a aquellas que operan en ámbitos rurales para garantizar su continuidad y la del servicio que actualmente prestan.
“PSOE e IU dijeron que sí a lo primero pero votaron en contra de lo segundo, y eso que ya se habían comprometido a que el 10 por ciento de lo que se ahorraran con la subasta de medicamentos se destinaría a ayudar a las farmacias rurales, algo que tampoco han cumplido”, ha criticado Corredera, que espera que ninguno de los 18 establecimientos de este tipo de la provincia tenga que cerrar pero, en el caso de que así ocurra, “lamentablemente desaparecerá sabiendo que el Gobierno andaluz pudo hacer más y no quiso por evitar la pérdida de este importante servicio”.
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