La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha realizado un informe en el que evalúa el impacto de los recortes y los planes de sostenibilidad en la atención sanitaria de la población.
Dos años después del RD Ley 16/2012, un año y medio después de la aprobación del Plan de Sostenibilidad y dos años y medio después de los recortes presupuestarios en la Sanidad Pública, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha realizado una encuesta para evaluar el impacto de estas medidas en la atención sanitaria que recibe la población.
En el ámbito de la prestación farmacéutica, el resultado de las encuestas muestra como un 70,82 consume algún medicamento (media de 3,81 medicamentos, con un rango de entre 1 y 23), el 2,8% consume medicamentos de uso hospitalario. La cantidad mensual que pagaban por ellos estaba en un promedio de 10,41 € (entre 45 céntimos y 115 €). Cabe destacar que el 14,76% de los que consumen medicamentos han señalado que han dejado de consumir algún medicamento por motivos económicos, todos ellos estaban en el grupo de ingresos familiares inferiores a 1.000 € y presentaban unos ingresos mensuales por persona de 295 € con una diferencia significativa con el grupo que no dejo de consumir medicamentos (p < 0,0001).
Se han encontrado diferencias significativas en cuanto al mayor número de medicamentos consumidos por los pensionistas respecto a las personas en paro y las que estaban trabajando (p < 0,0001). Todos los datos (encuestas sobre pensionistas, sobre médicos de familia, etc) abundan en el mismo sentido: se ha producido una significativa dificultad en el acceso a los medicamentos prescritos por un sector de la población que es precisamente el que tiene menos ingresos, es decir hay una desigualdad en el acceso a los medicamentos con un gradiente económico, y probablemente también de enfermedad, lo que, una vez más, contradice las declaraciones oficiales, entre otras las de la Ministra de Sanidad, al respecto, y evidencia un efecto muy negativo de los nuevos copagos sobre los medicamentos.
La conclusión final de nuestro informe es que el sistema sanitario en la Comunidad de Madrid tiene graves problemas de demoras en la atención, y que se está produciendo una barrera en el acceso a las prestaciones farmacéuticas en las personas con bajas rentas, de manera que muchas de ellas dejan de tomar los tratamientos prescritos con los problemas secundarios que ello producirá, negándoseles en la practica el derecho a la protección a la salud reconocido en la Constitución.
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